Siete años es el plazo que van a tener los alumnos de la UZ para graduarse, de lo contrario deberán abandonar la titulación. Así lo han propuesto desde la institución a fin de “optimizar los recursos públicos” y conseguir que los alumnos “aprovechen el tiempo”. Para los estudiantes, este reglamento de permanencia restringe sus derechos.
El mito sobre qué bien viven los universitarios podría llegar a su fin. Al menos es lo que, en parte, se pretende desde la Universidad de Zaragoza, do
nde se ha propuesto un reglamento de permanencia que establece que los estudiantes deberán acabar sus estudios de grado en siete años. El objetivo es instar a los alumnos “a que aprovechen el tiempo” y, al mismo tiempo, intentar “optimizar los recursos públicos” que recibe la institución académica para financiar tales estudios.
Desde la UZ entienden este reglamento como una “medida progresista” para mejorar el servicio público. Insisten en que actualmente, los estudiantes sólo pagan entre el 12 y el 15% del coste que supone su estancia en el campus, por lo que el resto, el 85%, se financia con dinero público.
A juicio del vicerrector de Estudiantes, Fernando Zulaica, esta financiación que se ofrece al alumnado “es una beca que se les está dando para estudiar”, por lo que considera que “si se están dando unas cuantías importantes para que los alumnos estudien”, deben usarse “para eso, para que aprovechen su tiempo”.
La propuesta se presentó en el último Consejo de Gobierno de la UZ, pero será el Consejo Social de la institución, que se reúne de nuevo en febrero, quien la apruebe para que los cambios ya se apliquen en el próximo curso. Afectará sólo a las titulaciones adaptadas al llamado Plan Bolonia, es decir, a los estudios de grado y máster. Las primeras, de cuatro años y 240 créditos (que corresponden a la mayoría), se deberán hacer en siete años; las de cinco -Veterinaria e Ingeniería-cuentan con un plazo de ocho; y los máster de seis años -Medicina- se tendrán que aprobar en nueve.
UNA AMPLIACIÓN, PERO CON LÍMITE
Las carreras con catalogaciones más antiguas, las conocidas como diplomaturas (de tres años) y licenciaturas (de cinco) quedan exentas. Según las estadísticas, los alumnos necesitaban en torno a un año y medio más del previsto para hacerse con el título. Así, para diplomarse tardaban cuatro años y medio, y para licenciarse algo más de seis, aunque también dependía de las titulaciones y de su grado de dificultad.
Siguiendo estos datos, con el nuevo reglamento los estudiantes dispondrán de un año y medio más de lo que solían tardar sus predecesores a la hora de hacerse con el título, aunque, eso sí, en este caso su estancia en la Universidad tendrá fecha límite.
“Si un estudiante que hace una carrera de cuatro años, al que le estamos dando un año y medio más de lo que suelen tardar, no ha finalizado sus estudios en ese tiempo, entendemos que tendrá que replantearse si (esos estudios) están adecuados a sus capacidades y conocimientos”, considera el vicerrector. Si esto ocurre, y el alumno “expira su crédito” tendrá que dejar esa titulación.
MÍNIMOS Y EXCEPCIONES
Pero el nuevo reglamento también establece una serie mínimos para mantener la matrícula. Los estudiantes a tiempo completo tendrán que aprobar nueve créditos el primer curso para poder continuar en la universidad, y 18 para matricularse en los siguientes. Además, deberán cursar todas las asignaturas obligatorias no superadas con anterioridad. Los alumnos a tiempo parcial -los que trabajan- tendrán que aprobar 30 créditos en los dos primeros cursos y doce en los siguientes.
En cuanto a las convocatorias, los alumnos dispondrán de dos convocatorias de examen, una de las cuales será la evaluación continua, y contarán con seis oportunidades, más una extraordinaria, para poder aprobar. Además, el no presentarse a las pruebas ya no servirá de mucho a los estudiantes, pues la matrícula tendrá valor de convocatoria.
En este aspecto, desde la UZ dicen haber establecido “salvaguardias”, ya que admiten que “el éxito o el fracaso en algunas materias no depende sólo del estudiante sino de razones que están en el entorno”. Por ello, las convocatorias no se computarán en aquellas asignaturas donde la tasa de aprobados no supere el 35%. Además, el rector, a propuesta del decano-director y con el informe de una comisión mixta, podrá conceder un año de gracia más al alumno.
Zulaica mantiene que los cambios no buscan “detectar buenos y malos estudiantes. Ése no es el objetivo”, sino que se trata de abrir un debate sobre la forma en que se aprovechan los servicios públicos. “Entiendo que haya discrepancias y espero que contribuyan a mejorar el documento para que seamos capaces de aprovechar de forma eficiente el dinero público”, añade.
LA VISIÓN DEL ALUMNADO
Y discrepancias, precisamente, es lo que ha generado la propuesta en el entorno estudiantil. Los sindicatos consideran que “cierra oportunidades” y que “restringe” los derechos del alumnado. Desde EDU exigen “coherencia” y que el reglamento establezca también una serie de mínimos para los docentes. “Los profesores incompetentes, aunque sean un minoría, también son un coste, porque ellos también cobran dinero público”, recrimina el portavoz José Antonio Guedea.
Y es que los estudiantes insisten en que no toda la responsabilidad debe recaer en los alumnos. “Habrá que ver si es para todo el mundo o si se tendrán en cuenta las condiciones de cada alumno y también si es para todas las carreras. Hay carreras con índices de suspensos muy altos y no siempre es culpa del alumno. Se deben valorar los fallos”, reclama Guedea.
También el colectivo de estudiantes CHEN-Chuntos Entabán se opone a la medida, que tildan de “injusta”. A juicio de su portavoz Álex Ibáñez, “decisiones como éstas no hacen otra cosa que obstaculizar la carrera de los estudiantes y cerrar puertas hacia la sociedad”, especialmente en época de crisis.
Para CHEN, la universidad debería buscar una reforma de los criterios de evaluación y de la metodología, centrándose en las diferencias de los alumnos. Una visión que también comparten desde la Asamblea Contra la Privatización de la Universidad (ACPU). “No se analizan las causas de los suspensos, no hay cambios en el sistema y los profesores siguen siendo los de siempre y trabajando como siempre”, critica uno de sus miembros, José Andrés López.
A juicio de la ACPU, el reglamento presentado sigue criterios mercantilistas y tiene como objetivo final el que la UZ sea un Campus de la Excelencia, “para lo que se pretenden universidades ultracompetitivas y donde no caben los estudiantes que sean un lastre”, añade López. Los estudiantes coinciden en que “lo que hay es un problema de financiación y de modelo” y que “es en eso en lo que hay que reflexionar” más allá de las notas.
